Venezuela sigue atravesando una grave situación ambiental producto de un modelo desarrollista que le ha impuesto la clase dirigente de ayer y de hoy, afectando particularmente regiones de alta fragilidad y valor ecológico, como las selvas de Guayana y el Amazonas. Bajo un esquema de desarrollo sin conciencia ecológica que se remonta a los años 50, tanto los políticos que han dirigido el Estado venezolano como los sectores privados nacionales e internacionales que piensan sólo en el negocio a corto plazo, vienen arrasando con nuestros ecosistemas tropicales generando pobreza y destrucción para las futuras generaciones y la extinción de seres vivos que han convivido en equilibrio sin intervención del hombre, poniendo en riesgo incluso especies que pueden ser fuente de biomedicina para muchas enfermedades que actualmente sufre la Humanidad.
Así se vienen presentando distintos casos que son resultado de actividades económicas, o de megaproyectos estatales, a espaldas de las comunidades locales, con repercusiones ambientales y sociales incuantificables, que requieren una respuesta oportuna de la comunidad nacional e internacional y los ecologistas venezolanos lo asumimos, tales como:
> Forestal Imataca, área rica en bosques lluviosos de gran biodiversidad pero de alta susceptibilidad a la actividad aurífera, la cual implica grandes deforestaciones y contaminación con mercurio y cianuro. Desde ese año venimos luchando contra esa política minera y todavía exigimos la derogatoria del cuestionado Decreto (aún no resuelto a pesar del discurso presidencial) para que sea sustituido por una normativa, previa consulta pública adecuada, que no perjudique al área protegida.
>La explotación de carbón en la Sierra de Perijá, a cielo abierto, que viene destruyendo las cuencas hidrográficas más importantes del Estado Zulia a pesar de la oposición de las comunidades locales y en especial de los indígenas Barí y Yuckpa. A esto se le suma la proyección de un puerto carbonífero denominado "América", en la entrada al Lago de Maracaibo, que de construirse afectaría la pesca artesanal y el turismo y sólo dejaría más contaminación a las aguas aledañas.
> La minería en las áreas protegidas del Estado Bolívar que protegen a la cuenca del río Caroní, actividad que viene destruyendo los bosques guayaneses con deforestaciones, sedimentación y contaminación de los ecosistemas y del hombre. Todo esto sin importar que dicha cuenca aporta el agua que abastece el consumo de los principales centros poblados de la región y a la represa del Gurí, que produce por lo menos el 70 % de le energía eléctrica del país.
> La construcción del tendido eléctrico a Brasil atravesando varias áreas protegidas de Guayana, entre la que destacan el Parque Nacional Canaima, la Reserva de Imataca y la Zona Protectora Sur de Bolívar, que junto a otras infraestructuras y un marco legal minero favorable a las transnacionales, sólo sirve para fomentar los intereses del oro y diamantes, impactando el ambiente e irrespetando a las comunidades indígenas Pemón que viven en la Gran Sabana.
> La contaminación petrolera producto principalmente de los continuos derrames que ocurren los cuales vienen acabando con el Lago de Maracaibo y afectan ríos y campos agrícolas del occidente y oriente del país. Hasta la fecha el Estado no ha emprendido una política de promover fuentes energéticas alternativas a pesar del daño ambiental que ocasiona el petróleo, responsable en parte de los cambios climáticos que ocurren en el mundo.
> La extracción de hidrocarburos en el Delta del Orinoco, donde habitan los indígenas Waraos. Esta región conforma uno de los ecosistemas más frágiles del país, ya que cualquier contaminación química lo afecta en su conjunto. El Delta requiere ser protegido integralmente y suprimirse la actividad petrolera la cual ya viene haciendo estragos en sus caños.
> El saque y tráfico de madera en todo el territorio nacional, y en especial en los bosques cercanos a las ciudades, como los de la Serranía del Interior, la Península de Paria y el Macizo de Nirgua. Situación que es producto de la falta de vigilancia y a la corrupción de funcionarios públicos.
> La modificación y perturbación de ecosistemas costeros del país, tales como la Ciénaga de Los Olivitos en el Zulia, Morrocoy en Falcón o Playa Valdés en Nueva Esparta, no importando la figura de protección legal del área ni mucho menos las poblaciones aledañas, sólo para beneficiar intereses económicos ajenos a la nación y afectando a muchas comunidades de pescadores venezolanos.
> La contaminación del aire y de las aguas en las ciudades sin que se produzcan medidas de control eficientes por parte de las autoridades, debido también a la falta de conciencia social sobre las implicaciones a la salud y al ambiente.
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